La segunda semana de junio amenaza severamente con haberse convertido en la más vergonzosa de este año, al que todavía le falta más de la mitad de su recorrido. Claro que este país viene siendo la comprobación empírica de que siempre se puede estar peor, pero va a ser difícil superar tanta ignominia con la presenciada entre el miércoles y el viernes pasados. El 12, la violencia fue llevada al Congreso a manos de sectores políticos movilizados para atentar con la democracia y evitar que el Senado, cuyos miembros son electos por el voto de los argentinos, sancionara la Ley Bases. A ese oprobio interno se sumó, el 14, uno de proyección internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por la falta de verdad y de justicia sobre el peor atentado terrorista perpetrado contra nuestro país: la voladura de la AMIA. Un fallo que interpela al Estado nacional en general, y, particularmente, a los gobiernos peronistas de los últimos 35 años.

La acción fue impulsada por la asociación civil Memoria Activa (familiares y amigos de las víctimas), con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El tribunal internacional declaró responsable a la Argentina por la violación de los derechos de las víctimas al no haber esclarecido el ataque perpetrado el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. “Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostiene el fallo, cimentado en la aceptación por parte del mismísimo Estado nacional, durante el primero y durante el último de los gobiernos “K”: el de Néstor Kirchner (2003-2007) y el de Alberto Fernández (2019-2023).

El fallo condena al Estado por su responsabilidad en la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado; por no investigar debidamente el atentado ni el encubrimiento; por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información; y por sus responsabilidades en el encubrimiento. Por ello, ordena a la Argentina remover todo obstáculo para investigar tanto el atentado contra su encubrimiento. Y exige una reforma normativa que regule el ingreso y la utilización de información de inteligencia en las causas judiciales y en las administrativas.

En detalle

El atentado fue perpetrado durante la primera presidencia menemista, período que registra otro atentado terrorista, también contra los argentinos que profesan la fe judía: el de la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992, 22 muertos, más de 240 heridos). Tras la voladura de la AMIA hubo numerosos procesos judiciales. El primero, la “conexión local”, conforma lo peor de la historia judicial de este país. El primer detenido fue el “reducidor” de autos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses fue acusado de haberse llevado la “traffic” usada como coche bomba. Pero luego de la declaración de Telleldín, el propio tribunal reconoció que la acusación se montó a partir de un pago “espurio e ilegal”, salido del juzgado que investigaba la causa y del servicio de inteligencia estatal. Le pagaron 400.000 dólares al “reducidor” de autos “para que aceptara contar la verdad”. Todos fueron absueltos. De ello derivó el decreto de Néstor Kirchner en 2005, en el cual se reconoce la responsabilidad de la Argentina por no prevenir el atentado ni esclarecerlo.

Causa AMIA: la Corte Interamericana de DDHH condenó a la Argentina por falta de verdad y justicia

Precisamente, en 2019, otro tribunal concluyó el juicio por “encubrimiento”. Fueron condenados el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales y también el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, además de Telleldín. De este fallo deriva el reconocimiento de la responsabilidad del Estado que el gobierno de Alberto Fernández hizo en 2022. “Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, sostuvo el cuarto gobierno “K”. Para esa gestión, la llamada “pista siria” (nunca se corroboró) fue una de las maniobras para desviar la búsqueda de la verdad que ensayó el gobierno de Menem. Ese ex mandatario al que el presidente Javier Milei ha declarado como “el mejor de la historia”.

Este año, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias. La primera confirma la mayoría de las condenas por las irregularidades gravísimas en la investigación del ataque. Lo cual corrobora la abominable responsabilidad del menemato en la negación de justicia a los argentinos. La segunda expone lo propio respecto de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia de Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña sostiene que los atentados de 1992 y 1994 fueron una decisión de la República Islámica de Irán. Ambos ataques (dice el fallo) fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, “que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs”. ¿La razón? La venganza contra la decisión del gobierno menemista, dado su alineamiento con EEUU, de cancelar tres contratos de transferencia tecnológica y provisión de material nuclear, celebrados con Teherán. “El mismo Estado (iraní) podría ser calificado como terrorista”, afirmaron los jueces.

Con ese Estado, el tercer gobierno “K” (2011-2015), a cargo de Cristina, suscribió un acuerdo secreto: el “Memorandum de Entendimiento”. Fue firmado en enero de 2013, en Etiopía, en nombre de “darle impulso” y “sacar de la parálisis” la investigación de la voladura de la AMIA. El pacto creaba una “Comisión de la Verdad” compuesto en partes iguales por representantes de Argentina, víctima del atentado de 1994, y del país que según la Justicia financió y organizó ese ataque terroristas.

Ese tratado llegó a convertirse en ley de la Nación, aprobada por el Congreso y promulgada por la Casa Rosada con el número 26.843. El 15 de mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del “Memorándum”. Irán buscaba el levantamiento de los pedidos internacionales de captura de miembros de primera línea de su gobierno, acusados por la Justicia argentina de ser autores intelectuales de la voladura de la AMIA.

¿Qué buscaba el gobierno kirchnerista? El fiscal de la UFI AMIA denunció a Cristina, junto con una decena de connotados kirchneristas, del presunto encubrimiento de esos iraníes. En más de 300 páginas, Nisman sostuvo que, a cambio de esa impunidad, ese gobierno intentó “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante el intercambio de petróleo por granos”. ¿Cuántos barriles de crudo será el precio a pagar por destrozar, con explosivos, la vida de 107 argentinos, que es el saldo de los dos atentados? Aún no se sabe. Lo que sí se conoce es que Nisman apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015, en vísperas de acudir al Congreso a dar cuenta de su acusación. La Justicia investiga un asesinato.

Ya hay verdad. Ya hay justicia. La “memoria” sobre los encubridores de los peores terroristas de nuestra historia sigue siendo territorio de “relatos” políticos. Y seguramente lo seguirá siendo. Pero a partir de los fallos nacionales e internacionales de este año, lo que también hay ahora es historia. Dolorosa, ciertamente. Pero largamente documentada.